DERECHO URBANÍSTICO – PALMA DE MALLORCA

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El contenido del urbanismo se traduce en concretas potestades, tales como las referidas al planeamiento, la gestión o ejecución de instrumentos planificadores y la intervención administrativa en las facultades dominicales sobre el uso del suelo y edificación, a cuyo servicio se arbitran técnicas jurídicas concretas; a lo que ha de añadirse la determinación, en lo pertinente, del régimen jurídico del suelo en tanto que soporte de la actividad transformadora que implica la urbanización y edificación. La nueva ley del suelo del Estado plantea tres estatutos subjetivos básicos como tres círculos concéntricos:

Primero, el de la ciudadanía en general en relación con el suelo y la vivienda, que incluye derechos y deberes de orden socioeconómico y medioambiental de toda persona;

Segundo, el régimen de la iniciativa privada para la actividad urbanística, que es una actividad económica de interés general que afecta tanto al derecho de la propiedad como a la libertad de empresa;

Tercero, el estatuto de la propiedad del suelo, definido como una combinación de facultades y deberes, entre los que ya no se cuenta el de urbanizar por las razones expuestas en el párrafo anterior, aunque sí el de participar en la actuación urbanizadora de iniciativa privada en un régimen de distribución equitativa de beneficios y cargas, con las debidas garantías de que su participación se basa en el consentimiento informado, sin que se le puedan imponer más cargas que las legales, y sin peijuicio de que el legislador urbanístico opte por seguir reservando a la propiedad la iniciativa de la urbanización en determinados casos de acuerdo con esta Ley, que persigue el progreso pero no la ruptura.

Nuestros servicios en derecho urbanístico, van desde la resolución de los problemas jurídicos del suelo, hasta el remate final del planeamiento y de la gestión urbanística, a través de cualquier sistema de actuación; desde la redacción y negociación de contratos hasta la obtención de licencias; o mediante la intervención en litigios sobre cualquier incidencia referente a los terrenos afectados por las actuaciones urbanísticas.

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